Resumen: Respecto al art 4 de la Orden es inválida por no incluir dentro de la retribución allí establecida por costes de logística, las cuotas extraordinarias a abonar a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). Los operadores de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo y gas natural están obligados a pagar a CORES las cuotas que se establezcan; y luego tales operadores repercuten estas cuotas a los adquirentes de los productos que aquéllos suministran, entre ellos, los productores de electricidad en los territorios no peninsulares. Por ello, en la retribución regulada que perciben tales productores se incluye el coste correspondiente a las cuotas de CORES (Orden TED/776/2020). Sin embargo, la Orden TED/776/2020 no toma en consideración los importes de las cuotas extraordinarias al CORES que fueron establecidas por la Orden TED/456/2020, a pesar de que tales cuotas extraordinarias se repercutan a los productores de electricidad en los territorios no peninsulares. También resulta inválida por omitir la regulación de las subasta de combustible para la determinación del precio del combustible fósil. Una cosa es que en el caso de los territorios no peninsulares la regulación de la subasta pueda requerir algunas cautelas, (en la línea que apunta el informe de la CNMC), y otra muy distinta es que la Administración pueda considerarse autorizada para postergar indefinidamente la regulación del sistema de subasta so pretexto de que dificultades.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso del demandante contra la sentencia que declara procedente el despido disciplinario del demandante, jefe de máquinas en uno de los barcos de la industria pesquera donde trabajaba. La empresa le despidió por ausencias injustificadas al trabajo, luego de, tras un largo proceso de incapacidad temporal, prorrogado, le fuese denegada la situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La Sala, estima los dos motivos de reforma fáctica que plante el recurrente y da valor fáctico a una declaración de tal índole contenida en la fundamentación en derecho de la sentencia y por ello considera que el convenio colectivo impone el necesario reconocimiento médico antes de embarque tras un proceso de incapacidad temporal, que el demandante no había sido sometido al mismo sino antes de inicio de aquella incapacidad temporal, que, recibiendo requerimiento empresarial para incorporación, manifestó telefónicamente a la empresa que se encontraba mal, siendo despedido a los tres días. Que solicitó en forma del Instituto Social de la Marina ese reconocimiento médico y que, en situación pandémica, había retrasos en los mismos, siendo que, a los siete días naturales de ser despedido, fue declarado no apto para ese embarque, aparte que impugnó la decisión de la entidad gestora y finalmente se le reconoció la situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual.
Resumen: Para que pueda producirse la inversión de la carga de la prueba cuando se alega discriminación y vulneración de derechos fundamentales, el artículo 96.1 de la LRJS exige que por parte de quien lo alegue se haya acreditado indicios fundados de la discriminación o la vulneración de un derecho fundamental. Discapacidad no es igual a enfermedad, por lo que no se puede considerar a efectos discriminatorios cuando la situación de la trabajadora tiene un carácter de enfermedad pura y simple; para la asimilación de enfermedad a discapacidad es necesario que la limitación que produzca la enfermedad sea duradera, esto es, que dicha limitación no tenga una finalización a corto plazo.
